La edición de hoy de La Tercera PM vino con un excelente reportaje acerca de una pataleta que tuvieron diversos ejecutivos de los canales de la televisión chilena agrupados en Anatel, tanto como el presidente de dicho organismo Ernesto Corona, contra el Consejo Nacional de Televisión. El motivo es la alza de sanciones durante la presidencia de Catalina Parot, quien dejó su cargo para competir por la gobernación de la Región Metropolitana por Chile Vamos.
El mandamás de Canal 13, Maximiliano Luksic, afirmó al respecto que “Nosotros mostramos nuestra preocupación por el aumento de los cargos y de las sanciones que en los últimos dos años han aumentado considerablemente y también que en ocasiones, nuestros argumentos no son bien ponderados por parte del CNTV, cuando creemos, existen razones suficientes para absolver a los canales”.
Además dijo que “Hoy, en medio de tiempos complejos para la industria audiovisual, se hace sumamente importante el apoyo del CNTV en medidas que potencien y hagan sostenible a futuro nuestro rol de medios de comunicación. Es por eso que he solicitado que se estudie la opción de que la franja para mayores de 18 años sea desde las 21:00 horas, horario en que estamos todos los canales en noticieros. El objetivo es darle espacio a auspiciadores que no pueden ser parte de nuestras tandas diarias. La iniciativa busca aumentar nuestros recursos para seguir produciendo y manteniendo en pie una industria que ha sido duramente golpeada en los últimos años”.
Uno de los motivos de las aprehensiones del canal contra la dirigencia de Parot fue por la emisión, a las 22:00 horas casi en punto, de la huincha que indica que a partir de las 22:00 horas, los canales de televisión están autorizados a transmitir programación para mayores de 18 años. Eso explica por qué Luksic hijo propuso adelantar el horario para mayores a la hora de los noticieros, sumado a la necesidad de emitir publicidad “adulta” durante esa franja. De acuerdo al reportaje, “El problema es que la sanción incluye los días 23 y 26 de febrero, periodo en que se realizó el Festival de Viña del Mar por lo que para cumplir con la normativa el canal adelantó o postergó -cinco minutos- el aviso para evitar la interrupción de los shows en vivo. De hecho, los animadores del certamen habrían tenido que parar el show del cantante Ricky Martin. Hoy el caso está en tribunales”.
Los canales más golpeados por la seguidilla de multas del Consejo han sido el mismo 13 y Mega. La emisora naranja acumuló entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020, un total de 13 multas por 1.050 UTM ($53.580.450), mientras que la señal televisiva de los Heller-Solari obtuvo siete multas durante el año recién pasado las cuales ascendieron a $26.373.470.
El presidente de la Asociación Nacional de Televisión, Ernesto Corona, respaldó las críticas de los ejecutivos televisivos afirmando que se trata de un pensamiento generalizado dentro de la industria televisiva.
Corona planteó que “Lamento que así sea y no es solo la visión de dos directores de los canales, porque he podido comprobar en las reuniones de análisis que tenemos de esta situación, que es un pensamiento generalizado, ha habido un cambio no beneficioso de los criterios de evaluación de la acción de los canales”. También le pareció que el CNTV “tiene obligaciones que debe resguardar, pero no debe bajo ningún aspecto coartar la libertad editorial responsable que tienen los canales”.
La recien renunciada presidenta del Consejo se defendió en el matutino ante las criticas, afirmando que “desde la emisión de un programa misceláneo donde se hizo público un informe ginecológico de una víctima de violencia de género (Caso Nábila Riffo, Canal 13), en el cual se recibieron 1.134 denuncias ciudadanas, las denuncias de parte de los televidentes se han más que duplicado en cuatro años con un incremento de 150%”.
Además recordó que “cuando hay incumplimientos a dicho correcto funcionamiento, se inicia un proceso sancionatorio técnico y jurídico, con respeto al derecho de defensa de los afectados en un debido proceso. En caso de que dicho proceso técnico jurídico culmine en una decisión sancionatoria por parte del Consejo, la misma es revisable a instancia de los afectados, por la Corte de Apelaciones de Santiago o, en su caso, por la Corte Suprema. Hay que resaltar que en un 95% las cortes confirman las decisiones adoptadas por el Consejo, lo que desmiente en forma categórica las calificaciones de arbitrariedad que se imputan al Consejo”.
