Volvemos a hablar del “caso Tomás”, y es que el vuelco que ha traido la audiencia de formalización contra el tío abuelo del menor fallecido trajo importantes consecuencias, desde la remoción del fiscal jefe del caso, hasta la revocación de la prisión preventiva del familiar del menor.
Sin lugar a dudas el caso ha tenido para muchos un importante vuelco, y es que en parte fundamental los medios de cominicacion, y en especial los matinales de televisión incurrieron en situaciones que anticiparon una resolución judicial que apenas iniciaba su investigación, acompañado de un fiscal con intenciones de entregar una conclusión primorosa al público.
Y es que hasta el lunes pasado, gran parte de la ciudadanía había llegado a la conclusión de que era el tío abuelo de Tomas Bravo quien acometió el homicidio del menor, llegando incluso a que una turba de manifestantes llegara al frontis de una prisión en Concepción para repudiar la presencia del imputado. Sin bien no podemos anticipar una resolución del caso, en parte porque la investigación está en curso y solo en cosa de meses podremos tener una sentencia definitiva, nos queda la sensación que hemos condenado a una persona para toda su vida, a pesar de la presunción de inocencia que garantiza el sistema procesal para todos los intervinientes. Y en eso la televisión tiene una gran responsabilidad.
La semana pasada ya hablamos de esto, de como los medios de comunicación deben informar de manera correcta una noticia, sobre todo una que implica un enorme seguimiento ciudadano, la proliferación de teorías sobre el destino del menor provocó que parte importante de la ciudadanía haya alcanzado una convicción errónea sobre los hechos, lo que genera una presión sobre los organismos a cargo de la investigación, ya que tienen al clamor popular juzgando anticipadamente a uno de los imputados del caso. Los rangos civilizatorios desaparecen, y entra un rol inquisitivo por parte del pueblo, que busca condenar a alguien sin presentar defensa alguna.
Somos miembros de una sociedad organizada, con Tribunales y organismos a cargo del Estado con la competencia para no estigar el caso, estos deben imponerse sobre personajes de dudosa reputación que surgen desde espacios de alta sintonía y credibilidad, que terminan anteponiendose a cualquier respuesta formal a las investigaciones, desde psíquicos, pasando por peritos que intervienen materialmente las áreas de investigación (lo vimos en el caso Ámbar) y periodistas con experiencia en casos de crónica roja, alcanzan para un grupo no menor de personas una legitimidad que las investigadores del caso carecen, lo que abre una sensación de impotencia e incredulidad cuando las investigaciones judiciales no son del todo razonables a la luz de las hipótesis altamente proliferadas en la televisión.
Esperemos que avanzado el caso, la televisión abandone las “investigaciones paralelas” que muchas veces perjudican a la labor que las autoridades competentes (designadas por la Constitución y las leyes) y de manera pública expresen sus errores, no queremos que gracias a la acción desmedida de la televisión la sociedad haya dañado de manera permanente la vida a una persona inocente.
