En las últimas semanas se ha levantado la controversia en algunos sectores de la opinión pública sobre la instalación de una comisión que estudia los trasfondos de la desinformación y sus consecuencias en la sociedad. Esta comisión incluso hoy está siendo impugnada en torno a su constitucionalidad a través de un acuerdo que se acaba de aprobar en el Senado. Sin lugar a dudas que parte importante de las sospechas de los sectores que han levantado su oposición al proyecto atiende al ahínco que ha levantado la ministra Camila Vallejo en torno a la desinformación, pero que a la misma vez se entrecruza con una de las aspiraciones más anheladas de la izquierda chilena: un mayor pluralismo en los grandes medios de comunicación.
Si bien la comisión que ya entró en funcionamiento y que encuentra el aval de organizaciones supranacionales está bajo la supervisión del Ministerio de Ciencias y Tecnología, tiene el patrocinio del Ministerio Secretaría General de Gobierno, secretaría que tiene entre otras atribuciones, la relación más directa con el Gobierno y los medios de comunicación. Si el proyecto se entregó a Ciencias obedece a que se establecen los criterios que se dan en instancias informáticas y algorítmicas y que no están mediadas directamente por humanos ni menos por responsables legales, hablamos de perfiles, canales y portales donde no se conocen individualizadamente la presencia de individuos responsables de la difusión informativa por lo demás, por tanto la comisión tiene un cariz eminentemente técnico. Pero la acción constante del SEGPRES en este tema despierta dudas, porque como ya hemos mencionado, este tiene un establecimiento directo con medios de comunicación formales, con representación legal e individualización de quienes forman parte de sus equipos.
Claramente las dudas se pueden abrir por parte de grupos que piensan que se puede violar la libertad de expresión más allá de que la comisión solo recomendará consejos y no tiene fuerza legal alguna. Que un ministerio que se relaciona con lo medios evidentemente tiene luces de alerta para ciertos grupos, algunos que levantan la bandera de la libertad de expresión interesadamente y de manera parcial, pero más allá de los reparos que pueden existir en torno a los grupos que hoy levantan acusaciones contra la comisión (entre ellas la Asociación Interamericana de la Prensa), si puede levantar ciertos atisbos de duda que un organismo que tenga atribuciones directas con el periodismo esté con un interés sobremedido en torno a la desinformación, sobre todo proviniendo de un espectro político que culpa a la concentración de medios en pocas manos y de tendencias políticas conservadoras el control de la agenda pública así como de algunos resultados electorales, incluídos el triunfo de la opción rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.
Si el SEGOB quiere levantar públicamente el tema de la concentración de medios y promover un mayor pluralismo sobre todo en los grandes medios (diarios, radio, televisión y portales de Internet), bienvenido sea. Creo que es necesario sincerar posiciones en torno de los actores políticos y del Gobierno en torno a lo que puede generar que los medios de comunicación de mayor consumo están dominados por pocas personas, pero esta discusión debe llevarse en carriles separados a la discusión técnica que obedece a la proliferación de fake news que realizan grupos alejados del periodismo convencional. Desde esta tribuna, y sobre todo desde este sitio, se busca constantemente que en este país exista efectivamente una mejor distribución en torno a la concentración de los medios, pero esta se debe hacer de una manera clara y sin usar subterfugios que generen sospechas, aunque éstas provengan de grupos interesados y que cuyo compromiso con la libertad de expresión no siempre resulta ser la misma en diversos contextos históricos y sobre todo, en diversos regímenes ideológicos.