Durante todas estas dos semanas hemos tenido que saber de la polémica que despertó la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Esto a raíz de una columna que Alberto Mayol escribió en Bio-Bio Chile en donde expresa su preocupación respecto a la glorificación a la cultura del narcotráfico.
Si bien lo normal es que hubiese quedado solo ahí, los medios se encargaron de agrandar este asunto dandole poder al sociólogo, en donde Francisco Vidal habló de que se estaba tratando el tema en el directorio de la estación, así como también Bizarro explicó por qué no podían bajarlo de la parrilla del certamen.
Sin embargo, hubo más bien acciones “populistas” que despertaron una extrañeza, y es el anuncio de un oficio de parlamentarios tanto de la UDI como del cuestionadísimo Partido Republicano que oficiaron ante la justicia a la alcaldesa Macarena Ripamonti por la presencia del artista mexicano.
Y es que conociendo que las aptitudes para el cargo dentro del Congreso debieron relucirse, nuevamente demostraron que en esto quedaron al debe, pues tras la externalización in-extremis de todo lo que tenga que ver con contratación de artistas, acá la jefa comunal no tiene absolutamente nada que ver.
Como bien lo supo explicar en su columna Sebastián Sandoval en El Desconcierto: “La Municipalidad de Viña del Mar no posee de ninguna manera el dinero para poder producir por si solo el Festival por lo que, para no gastar de manera excesiva los recursos municipales, licita la concesión de la realización y transmisión de este por un período determinado, que generalmente va por 4 años. Los oferentes, generalmente son uno o más canales de televisión, y una productora”.
Por consiguiente, quienes tienen la responsabilidad en ver la contratación de los cantantes que son parte del escenario de la Quinta Vergara son, en este caso, los muchachos de la misma productora Bizarro. Esto viene desde 2019 y la misma ha despertado críticas anteriores pues la presencia de determinadas figuras está cerrada a quienes trabajan con la misma empresa de eventos, lo que lógicamente impide la libre elección y una adecuada diversidad.
De esta manera, acá Ripamonti no tiene pito que tocar en este embrollo. Es más, ella misma ha demostrado su desacuerdo con esta licitación por este y otro tipo de problemas dentro de la realización del evento, como la segregación que hubo el año pasado a la prensa con el tema de las acreditaciones, en este caso medios que encabezados por la Presidenta Regional de la ARCHI, Patricia Verdugo, exigieron el fin de la discriminación a una clase de medios que históricamente estaban comprometidos con la difusión, pero que quedaron fuera por una serie de exigencias.
Cualquier persona que conoce el trasfondo festivalero en los últimos años y que tiene nociones de cómo se gestionan las licitaciones y los problemas que eso ha acarreado debería tenerlo claro, sobre todo si -en el caso, por ejemplo, de Luz Ebensperger y de Luis Felipe Sánchez, este último que es uno de los de “la bancada de los NiNi” que extrañamente llegaron al hemiciclo sin tener las aptitudes para aquello- se llega a un cargo lleno de complejidades como el de un senador o un diputado.
De hecho, el periodista Jorge Espinoza Cuellar mencionó que en la denuncia de Ebenzperger mencionaba al artículo tres de la ley 20000 que hablaba de la supuesta “promoción de la narcocultura”, sin embargo no hay mención alguna al respecto, como bien lo supo demostrar el profesional.
Pero qué más da. Estamos en un año electoral en donde más que nunca ciertos sectores transformarán esto en un “todo vale” para acarrear votos. Lo cierto es que puede que termine igual que el pasado 17 de diciembre, donde una serie de errores no forzados terminaron en una debacle para las fuerzas de derecha.
Por último, a juzgar por el comunicado del directorio de TVN en donde unánimemente expresaron su descontento y pidieron bajarlo, cabe preguntarse: Si supuestamente tienen el poder para hacerlo según el contrato… ¿Por qué no lo bajan y se acaba el problema? He ahí la clave.