El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) decidió este domingo dar un golpe en la mesa respecto a la ética periodística en casos de alta connotación pública. En una resolución unánime, el organismo presentó una querella y formuló cargos contra Canal 13 a raíz del reportaje emitido en octubre de 2025 sobre la desaparición de la dirigenta y defensora ambiental mapuche, Julia Chuñil.
La acción legal surge tras una ola de indignación ciudadana que se tradujo en más de 600 denuncias ante el Consejo. El ente regulador acusa a la estación televisiva de “graves faltas éticas” y de vulnerar la presunción de inocencia de los hijos de la víctima, al presentar testimonios de testigos reservados como verdades irrefutables.
Un tratamiento informativo desigual
El nudo crítico de la acusación se centra en cómo el reportaje de Teletrece ponderó las distintas aristas de la investigación. Según el documento del CNTV, hubo un “tratamiento desigual de las hipótesis investigativas”.
Mientras que las sospechas que recaían sobre la familia de Chuñil —específicamente sus hijos Javier, Pablo y Jeanette— fueron expuestas con nombres, rostros y una narrativa incriminatoria basada en la supuesta quema de ropas, la línea investigativa que apuntaba a conflictos territoriales con el empresario Juan Carlos Morstadt fue, a juicio del organismo, minimizada.
En el libelo acusatorio, el Consejo es tajante respecto a la responsabilidad social del medio:
“La decisión unánime del CNTV de formular cargos contra Canal 13 por el reportaje cuestionado marca un precedente en el control ciudadano de la veracidad y el respeto a los derechos fundamentales en la televisión chilena”.
La defensa de la dignidad humana
Las denuncias acogidas no solo apuntan a la falta de rigor, sino a una posible revictimización. Organizaciones de Derechos Humanos y la propia familia han calificado la pieza audiovisual como un “montaje mediático” diseñado para desviar la atención de los intereses empresariales en la zona de conflicto.
El CNTV argumenta que el reportaje validó tesis de la Fiscalía sin el debido contrapeso, transformando sospechas en pruebas ante la opinión pública. El texto de la querella detalla que se observaron “imputaciones infundadas, sesgos informativos y vulneración de derechos fundamentales”, haciendo énfasis en que la libertad de información no puede estar por sobre la dignidad de las personas investigadas.
Canal 13 tiene ahora un plazo legal de cinco días hábiles para presentar sus descargos ante el Consejo. De confirmarse la sanción, la estación podría enfrentar multas históricas, además del golpe reputacional que significa ser cuestionado oficialmente por la parcialidad en un caso de Derechos Humanos.
