La política peruana vive, consecuentemente con gran parte de Latinoamérica, una profunda crisis que se condice con la inestabilidad política: Cinco presidentes desde 2016 han asumido entre impeachments, escándalos de corrupción y últimamente represión a comunidades indígenas. A ello se le suma un Congreso tan desprestigiado como el nuestro, el cual el reconocido periodista local César Hildebrandt ha calificado como “madriguera de delincuentes”.
La introducción puede sonar un análisis político internacional, sin embargo varios canales de televisión han hecho en el último tiempo una serie de reportajes comprometedores respecto a las graves actitudes de varios parlamentarios de esa nación con su equipo. Quien ha destapado todas y cada una de las acusaciones ha sido el espacio de Latina Televisión “Punto Final”.
Desde inicios de año que el programa dominical de reportajes que conduce Mónica Delta, una mujer de dilatada trayectoria con inicios y primeros destaques en Panamericana Televisión en su época de gloria, ha denunciado una práctica bastante cuestionable, en la cual varios congresistas le quitaban una gran parte del salario de sus trabajadores para cubrir gastos de campaña y personales. A ellos se les llamó “Los Mochasueldo”.
Casos como el de Magaly Ruiz, María Cordero Jon Tay y Rosío Torres han marcado la pauta de los programas y medios escritos locales. En el caso de la segunda causó gran indignación pues se trataba de una de las mujeres fuertes de Fuerza Popular, la más reciente mutación como partido político del fujimorismo liderado por Keiko, su hija y tres veces candidata presidencial, la cual incluso amenazaba a un asesor para que le entregase el dinero que ganó incluso a los gritos.
El denunciante, quien se le resguardó su anonimato, denunció que de seis mil soles debía entregarle 4.500, casi el 85% de su salario, con el fin de salvarla de las deudas, en las que según incluso empeñó joyas de oro. Incluso le robaba el dinero para ayudar a Alberto Fujimori, y como los seguidores de “El Chino” actúan en forma sectaria toda su vida, lo llamaba “el jefe”.
Luego de presentado el reportaje, Delta (quien en Pantel presentaba un programa similar, el histórico “Panorama”) hizo un llamado a revertir de alguna manera la poca credibilidad que hoy ostenta el parlamento peruano, y que estos casos no solo debían pasar por la Comisión de Ética sino que una reacción inmediate por parte de los partidos, junto con la celeridad de la fiscalía y calificar los argumentos de Cordero de “deleznables”.
En el caso de Magaly Ruiz, se descubrió a través del espacio periodístico de que sus trabajadores debían aportar parte del sueldo para la campaña, cuando ella era “regidora” del distrito de La Esperanza. Su exasesor Carlos Marina, uno de los implicados, fue despedido por la parlamentaria, pero ella se negó a dar declaraciones ante la prensa. Incluso una de las trabajadoras fue amenazada por cercanos a la misma, para luego la misma ser salvada por las abstenciones de la Comisión de Ética.
Y en el de Rosío Torres, el domingo pasado (11) se difundió un testimonio de Nathaly Rubio, una exauxiliar de la misma en la que confirmó que solicitó dinero a los asesores por petición de la congresista, y que desde que se supo de su caso recibió hostigamientos y amenazas. “Solamente pido que haya justicia porque todavía quedan personas correctas”, solicitó.
Luego del reportaje Mónica Delta reflexionaba indignada que “seguir con un Congreso apañador de personajes de esta categoría, lo que le genera a la gente es vergüenza ajena”.
La labor del periodismo es fundamentalmente este: Develar las injusticias y dar a conocer estas anomalías para que los televidentes puedan decidir con certezas. Acá en Chile hay pruebas que nuestro Congreso ha tenido una pérdida de respaldo que hoy llega a niveles ínfimos, sin embargo el periodismo televisivo no ha hecho su labor, ni menos si hay partidos que han demostrado incapacidad moral para desempeñar los cargos a los que fueron elegidos democráticamente.
En el caso de “Punto Final” se han abanderizado, y más luego de la enorme crisis política que hay allá, por develar todos y cada uno de estos horribles casos, más si el mismo parlamento peruano ha tomado por asalto las instituciones democráticas para instalar a cuestionables personajes de su confianza.
Es responsabilidad de los medios de comunicación denunciar a todos y cada uno de los que deshonran un lugar que debería ser de convergencia y de dialogo, y no lo que incluso es llamado en redes sociales como “burdel”. Periodistas como Kevin Felgueras y Guillermo San Martín han hecho lo suyo cuestionando a los que han desentonado en los hemiciclos de ambas cámaras, los mismos que han dinamitado la legitimidad que deberían tener, pero no es suficiente.
Hace falta más periodismo y mucho más poder crítico, y no la sumisión que hoy vemos en los noticieros. No por nada personajes como Jorge Lavandero y Pablo Longueira han sido marginados de la vida política, porque demostraron en el primer caso ser degenerados y en el segundo ser corruptos. Nada sería posible sin la labor de los programas de reportajes o de las areas investigativas de los noticieros que los tengan, pues solo así se recuperará la plena confianza en el poder legislativo.
Y por último, resulta increíble que Patricio Hernández esté haciendo en Latina Televisión lo mismo que promovía en “Contacto” y en CNN Chile, pero no en Mega cuando fue exitoso, relegando a un último plano los reportajes políticos.